El ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha felicitado por que España
esté en el primer grupo de cinco países que durante las próximas semanas
recibirá, por parte de la Comisión Europea, el visto bueno definitivo al Plan
Estratégico de la Política Agraria Común.
“Esto
facilitará a nuestros agricultores y ganaderos la planificación de sus cultivos
y producciones para la próxima campaña”, según el ministro. Además, el Gobierno
podrá continuar con la tramitación del paquete legislativo que acompañará la
puesta en marcha del Plan y que supondrá la revisión más ambiciosa del marco
normativo agroalimentario en España en décadas.
Luis Planas ha
asistido hoy, en Bruselas, al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la
Unión Europea, en el que, entre otros asuntos, los Estados miembros han
analizado el estado de situación de los planes estratégicos nacionales
de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027.
El ministro ha
valorado la oportunidad de este debate, ya que los agricultores y ganaderos
necesitan una señal clara de que avanzamos hacia un escenario de certidumbre en
la PAC. El ministro ha querido agradecer a la Comisión la extraordinaria
colaboración que ha prestado a España, lo que permitió presentar, el pasado mes
de diciembre, un Plan Estratégico muy equilibrado, que se ha podido
perfeccionar en los últimos meses y para el que ya hemos recibido la
autorización de la Comisión Europea de envío de la versión definitiva, el
pasado 14 de julio, “tras una discusión larga, fructífera y muy positiva”, y
que se traducirá en el plazo de 6 semanas en su aprobación formal.
El ministro
ofrecerá a la Presidencia checa la colaboración de España de cara a los
trabajos a desarrollar en el próximo semestre, en especial para hacer frente a
las consecuencias de la guerra en Ucrania en materia de seguridad alimentaria y
sostenibilidad de la agricultura.
Según ha
precisado, “la sequía que hemos padecido en los últimos meses ha causado una
reducción de la producción mundial de cereales para la próxima
campaña”, lo que va a dar lugar a un mercado muy tensionado y ajustado, con una
gran volatilidad de los precios. Sin embargo, ha asegurado que no estamos ante
un problema de abastecimiento de materias primas en el seno de la Unión Europea,
ya que hemos diversificado las fuentes de suministro.
También ha
valorado las medidas de apoyo establecidas, tanto a nivel nacional como
comunitario, que sin duda van a contribuir a paliar los efectos económicos y
sociales en las explotaciones agrarias.
En todo caso,
Planas ha reiterado en el Consejo que se flexibilice la posibilidad de seguir
utilizando las tierras de barbecho y la rotación de cultivos de cara a asegurar
la producción en esta campaña.
Ha expresado
la solidaridad y el apoyo del Gobierno a todas las personas que están luchando
contra los incendios forestales que tienen lugar estos días en España, que
afectan seriamente a nuestros agricultores, ganaderos y medio rural.
España ha
expresado su compromiso con la propuesta de reglamento sobre el uso
sostenible de productos fitosanitarios que prepara la Comisión, con el
objetivo de reducir el uso de las sustancias que tengan mayor efecto secundario
sobre el medio ambiente.
A este
respecto, Planas ha pedido transparencia, es decir, que para conocer qué
objetivos tiene cada Estado miembro es necesario que el contenido de la
propuesta se concrete de manera muy clara. El ministro ha apuntado como una de
las cuestiones prioritarias que los Estados miembros conozcan el procedimiento
de cálculo y las cifras que resultan de la aplicación de los objetivos de
reducción.
Respecto de
las zonas consideradas sensibles, el ministro solicitará que se tengan en
cuenta las particularidades de los modelos productivos agrícolas que, en el
caso de España, son muy diversificados. España tiene muchas zonas incluidas en
la Red Natura, cuya preservación es fundamental, “pero tenemos que tener en
cuenta la compatibilidad y los usos agrarios que son necesarios para la
actividad económica y, en definitiva, para la supervivencia de nuestras zonas
rurales”.
También ha
pedido un esfuerzo para simplificar la propuesta. En definitiva, ha recalcado
que “no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad en las explotaciones agrarias
y ganaderas”.
Por otra
parte, el ministro ha señalado que España comparte la necesidad de proceder a
una actualización de la reglamentación sobre el transporte de animales en
la UE, al hilo de los avances técnicos en los equipamientos de los vehículos y
el control de los transportes, además de aclarar conceptos y armonizar
criterios para una aplicación uniforme de la legislación.
No obstante,
ha recalcado que estas modificaciones legislativas se deben basar siempre en la
evidencia científica y acompañar de un cuidadoso análisis de impacto.
ACUICULTURA
MÁS SOSTENIBLE
En materia de
pesca, la Presidencia checa va a presentar un documento de conclusiones sobre
la nueva estrategia para una acuicultura más sostenible y competitiva para el
periodo 2021-2030.
Planas ha
señalado que la actividad acuícola debe ser complementaria a la de la pesca
extractiva. España es el primer país productor en volumen de la UE y el segundo
en valor, y tiene un gran potencial de crecimiento. Por lo tanto, resulta
prioritario disponer de un marco general eficiente que dé certidumbre y
previsibilidad al sector, seguridad al consumidor, garantice la sostenibilidad
de la actividad y de los espacios donde se realiza, y ayude a superar los retos
técnicos, económicos y sociales a los que debe enfrentarse el sector.
Para ello, el
ministro considera fundamental que el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la
Acuicultura (FEMPA) asegure el uso eficaz y eficiente de las ayudas para un
impulso definitivo de la acuicultura.
Ha recordado
que España, junto a otros Estados miembros, se ha posicionado en contra de la
actual propuesta de la Comisión sobre la delimitación de Ecosistemas Marinos
Vulnerables (EMV) en el Atlántico. España comparte la idea de que hay zonas de
nuestros mares y océanos que deben ser protegidas, pero previamente “debemos
establecer un diálogo claro entre las administraciones públicas y los sectores
científico y pesquero para compatibilizar y hacer posible la actividad pesquera
junto a las medidas de preservación para lo que es preciso actuar con
flexibilidad y equilibrio”.